El pasado 18 de enero, el BOE recogía en sus páginas la aprobación de la revisión y actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. Con un presupuesto total de inversión previsto de 2.235 millones de euros, su contenido se centra en la prevención, protección y preparación ante las inundaciones, incluyendo las posibles repercusiones del cambio climático, teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada, y coordinado con los planes hidrológicos de cuenca.

Con la mejora del conocimiento adquirida y con la experiencia obtenida, en el primer ciclo de la planificación de gestión del riesgo de inundación, el actual PGRI del Guadiana contempla los siguientes grupos de medidas de actuación:

Prevención

• Ordenación territorial y urbanismo.

• Adaptación de elementos situados en zonas inundables.

• Mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación.

• Programa de mantenimiento y conservación de cauces.

• Programa de mantenimiento y conservación del litoral.

Protección

• Restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas.

• Restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas, y restauración costera.

• Normas de gestión de la explotación de embalses.

• Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles.

• Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc..) que implican intervenciones físicas en cauce o costa.

Preparación

• Medidas de mejora de los sistemas de alerta meteorológica.

• Medidas para establecer o mejorar los sistemas medida y alerta hidrológica.

• Planificación de la respuesta frente a inundaciones: Planes de Protección Civil.

• Concienciación y preparación de las administraciones, los agentes sociales y los ciudadanos.

Según Manuel Gómez Criado, estos planes son una herramienta esencial "que nos permitirá reducir el riesgo de inundación en los próximos seis años, que es el periodo de implantación del documento. De hecho, en la redacción de este documento, se ha realizado un esfuerzo notable para cubrir carencias detectadas en el primer plan redactado (2016-2021) y explorar las oportunidades que ofrecen los avances científicos-técnicos y su aplicación a este tipo de gestión".

En este segundo ciclo se han introducido progresos como la mejora en la evaluación del riesgo de inundación en colaboración con las autoridades de Protección Civil, creando mapas más precisos y se ajustan mejor a la gestión de la emergencia. También se han realizado mejoras en las herramientas de modelización matemática junto con los nuevos estudios de mejora del conocimiento científico y de desarrollos tecnológicos en cartografía de peligrosidad y riesgo.

Todas estas mejoras servirán para reducir los riesgos de inundación ya que hay que tener en cuenta que, en nuestro país, 2.692.000 habitantes viven en zonas inundables de riesgo y que los elementos vulnerables identificados se han duplicado respecto al primer ciclo, localizándose en estas zonas inundables, 47 hospitales, 977 centros educativos, 347 residencias de ancianos e incluso 9 aeropuertos.

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en el Guadiana

Tras repasar el histórico del primer ciclo y analizar nuevas zonas, en la cuenca del Guadiana se han identificado 52 áreas de riesgo potencial significativo de inundación, de las cuales 49 son fluviales (ríos) y 3 costeras (desembocadura en Ayamonte). Las medidas que se han adoptado se irán implementando, fundamentalmente en estas áreas, durante el periodo de vigencia del PGRI, mientras que, simultáneamente, se llevarán a cabo los trabajos de revisión y actualización para el tercer ciclo (2028-2033).

En la cuenca del Guadiana, el presupuesto para acometer las acciones previstas en el segundo ciclo 2022-2027 será de 148,749 millones de euros. Dentro de ese plan, el grupo de medidas que requiere un mayor porcentaje del presupuesto (67 %) -con mucha diferencia sobre el resto- es el de restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas, y la restauración costera. Además, otras dos partidas con importantes aportaciones serán el programa de mantenimiento y conservación de cauces (8%) y la mejora del drenaje de infraestructuras lineales (7 %).

Este programa de medidas deberá ser aplicado, tanto por la Administración del Estado, como por las Comunidades Autonómicas y entidades locales -Ayuntamientos o Diputaciones- correspondientes. Habría que destacar que en su elaboración se ha tenido en cuenta la implicación de todas las administraciones, pero también de la sociedad, que debe ser partícipe de todo el proceso y estar informada del riesgo que les afecta y de lo que pueden hacer para reducirlo.

Según nos explica Manuel Gómez Criado, un aspecto fundamental que se recoge en este segundo ciclo del PGRI es el grupo de medidas dedicado a la Ordenación territorial y Urbanismo. Aunque no contemple un gran presupuesto, pues se abordaría mediante el funcionamiento habitual de las administraciones competentes, "es un elemento fundamental para seguir avanzando en la implantación de la normativa básica estatal relativa a las limitaciones a los usos en las zonas inundables, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, buscando fórmulas sencillas que -sin necesidad de modificar los instrumentos urbanísticos- tengan en cuenta la situación de riesgo del territorio y las limitaciones asociadas en la planificación".