La documentación recoge aquellas zonas del territorio en las que existe un riesgo potencial de inundación significativo, o en las cuales la materialización de ese riesgo puede considerarse probable. Esta consulta pública se hace en cumplimiento de la Directiva Europea 2007/60/CE relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, y el Real Decreto 903/2010, que la traspone al ordenamiento jurídico español.
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